1) América Latina: ¿Qué pasa con los abortos en medio de la cuarentena?
2) Colombia. Las Amapolas: Red de mujeres para articular apuestas políticas y organizativas
3) Chile: Pandemia y violencia contra las mujeres
4) México: Periodistas son atacadas por investigar sobre actuar de autoridades durante pandemia
5) Uruguay: Las Muchachas de Abril
6) Uruguay: Encuentro virtual con Yayo Herrero
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 638 – Lunes 27 de abril de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMÉRICA LATINA: ¿QUÉ PASA CON LOS ABORTOS EN MEDIO DE LA CUARENTENA?
Los movimientos que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo alertan que están recibiendo cada vez más consultas o solicitudes de ayuda para abortar desde casa.
En América Latina, donde hay importantes restricciones para la interrupción voluntaria del embarazo, las medidas de cuarentena hacen más difícil a las mujeres tener acceso a servicios médicos para abortar. No solo pesa que en algunos países es ilegal esa práctica y que esta conlleva a sanciones penales, sino porque los hospitales públicos están enfocados en atender a los pacientes con coronavirus u otro tipo de emergencias médicas.
Ante esto, los movimientos de mujeres que apoyan el aborto legal, seguro y gratuito, alertan que están recibiendo cada vez más consultas o solicitudes de ayuda para abortar desde casa.
Colombia y la telemedicina
Desde Colombia, el grupo ‘Las Igualadas’ recomienda buscar asesoría a través de internet. Estas mujeres, citando la resolución 2654 y 3100 del 2019, afirman que la telemedicina para abortar es una alternativa ante un embarazo no deseado en medio de la cuarentena.
«La telemedicina para abortar se usa en EE.UU., Australia, Canadá y recientemente en Inglaterra. Hay centros especializados de salud reproductiva que atienden consultas sobre embarazos no deseados. Hay que llamar y pedir una cita, todo funciona en línea, no es un ‘callcenter’ tradicional, son lugares especializados en estos temas», dice la integrante del grupo, Mariángela Urbina.
De acuerdo con Urbina, durante la cita virtual, el médico hace una serie de preguntas para confirmar el embarazo y, en caso de que este sea menor a 10 semanas, el aborto se puede practicar desde casa, por lo que el centro sanitario procede a enviar los medicamentos y otorgar las instrucciones necesarias para completar el procedimiento.
«Es muy importante saber que el aborto es considerado un servicio esencial y no se suspende en tiempos de cuarentena, debe seguir disponible, eso lo define el Ministerio de Salud de Colombia y de muchos países de América Latina», agrega Urbina, quien destaca que los riesgos son mínimos. No obstante, hace una salvedad: «no se debe llamar a cualquier número porque hay muchos tramposos».
‘Las igualadas’, al igual que otras organizaciones feministas, han recibido múltiples críticas a través de las redes sociales por parte de los denominados grupos ‘provida’ (que están en contra del derecho al aborto), incluyendo un pronunciamiento de la plataforma ‘Unidos por la Vida de Colombia’, que agrupa a 70 organizaciones que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo por considerarla «un peligro e irrespeto al valor de la vida humana, no solo de las mujeres, sino del bebé concebido».
Venezuela, a escondidas
En países como Venezuela, la realidad es distinta. Allí, el aborto es ilegal, por lo que los medicamentos requeridos para interrumpir el embarazo no son de fácil acceso y tampoco son enviados con libertad.
«El acceso al medicamento, sobre todo en los estados fuera de Caracas, es complicado, tiene costos súper altos. Además, trasladarse hasta el punto de encuentro donde pueden retirarlo es muy difícil», cuenta Yesenia, integrante del colectivo Faldas-R, que posee una línea telefónica donde ofrecen información para un aborto seguro y prefieren resguardar su integridad a través del uso de seudónimos.
«Hemos recibido más consultas, pero por vías que no son las usuales, es decir, en condiciones normales, el contacto es a través de llamadas, pero desde que comenzó la cuarentena se han comunicado por mensajes de texto y WhatsApp pues están en sus casas, desesperadas, y acompañadas de personas delante de las cuales no pueden expresarse o consultar libremente», explica Yesenia a RT.
Faldas-R aclara que su organización no otorga los medicamentos. «Si nos llama una mujer que ya tiene el medicamento y va a realizar el procedimiento, lo que usualmente hacemos es un seguimiento a los síntomas que se van presentando, y esto nos permite que, si se presenta alguna complicación, ya con el aborto en marcha, podamos remitirla a algún hospital público», agrega.
Hemos recibido más consultas, pero por vías que no son las usuales. El contacto con nosotras es a través de llamadas, pero desde que comenzó la cuarentena se han comunicado por mensajes de texto y WhatsApp porque están en sus casas, desesperadas, y acompañadas de personas delante de las cuales no pueden expresarse o consultar libremente.
Ambos colectivos, apegados a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiendan usar el medicamento abortivo ‘Misoprostol’, por su baja mortalidad asociada y porque es fácil de conseguir, conservar y administrar. Además, es más barato que otros métodos que existían con anterioridad.
La incidencia del aborto en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), está entre las más altas del mundo, «con una cifra estimada de 4 a 6 millones al año» y una tasa de mortalidad relacionada, «que variaría de 83 a 250 muertes por cada 100.000 abortos», generada por la falta de servicios para la interrupción legal y segura del embarazo.
Argentina, con más opciones
En países como Argentina, donde existe una lucha histórica para lograr la legalización completa del aborto, diversas organizaciones se mantienen activas para ofrecer opciones a las mujeres que optan por interrumpir un embarazo no deseado, aún en medio de la cuarentena.
Por eso, organizaciones como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir publicaron una lista, actualizada constantemente, con los centros de salud que están realizando el procedimiento y recordaron que la interrupción del embarazo es una prioridad.
Por su parte, el colectivo feminista Socorristas en Red lanzó una aplicación llamada ‘¡Socorro! Quiero Abortar’, con una lista de teléfonos que serán proporcionados a las mujeres que lo soliciten para hacer seguimiento a su proceso de interrupción del embarazo, de acuerdo a un sistema de geolocalización.
«Durante el transcurso del 2019, las Socorristas en Red acompañaron 12.845 abortos seguros. Por estos días los llamados crecieron en número y en duración», explica la integrante Verónica Bisdorff.
Pero, además, el gobierno argentino mantiene la línea gratuita de Salud Sexual. «La manera más fácil y más segura en este momento para abortar es que las personas llamen al 0800-222-3444. Esas llamadas inmediatamente nos llegan al programa provincial y a los responsables regionales sanitarios, lo que nos permite hacer un seguimiento», explica Carlota Ramírez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva de Buenos Aires.
Todas sostienen que, con información y acompañamiento, las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden interrumpir sus embarazos de manera segura, aún en tiempos de cuarentena.
RT / COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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2) COLOMBIA. LAS AMAPOLAS: RED DE MUJERES PARA ARTICULAR APUESTAS POLÍTICAS Y ORGANIZATIVAS
“Frente al capitalismo y el patriarcado, organización feminista en la ciudad”
Red de Mujeres Urbanas y Populares Las Amapolas
Hace año y medio las mujeres de los colectivos, organizaciones y procesos sociales en Bogotá y la Sábana, desarrollan escenarios de encuentro, con el fin de articular las apuestas organizativas y políticas que den cara a las problemáticas de la mujer en la ciudad.
Durante este tiempo se han permitido, desde la formación política y colectiva, evidenciar las contradicciones y problemáticas de los sistemas capitalistas y patriarcales especialmente en la mujer urbana–popular. Con el propósito de sumar en la plataforma política, ven la necesidad de organizarse para transformar perspectivas cotidianas y estructurales en cada uno de los ámbitos de las mujeres; públicas, privadas y organizativas.
En noviembre del 2019 fue el primer encuentro, allí se construyeron los principios, base para el desarrollo y cumplimiento a su plan de trabajo transformador. Se destacan: la crítica y autocrítica; aportar al trabajo de base de las mujeres; reconocer la importancia de la transformación de las relaciones sociales; fortalecer la organización social a partir de la articulación de los procesos; la sororidad, la seguridad y la confianza como principios éticos y políticos; no tolerar y avalar ninguna violencia hacia las mujeres; son antipatriarcales, anticapitalistas y anticolonialistas, entre otras.
Angélica Arévalo, maestra e integrante de la plataforma de maestros SER y de la Fundación de Derechos Humanos PASOS- comentó cómo fue la conformación de dicha organización que decidió colectivamente llamarse “Red de Mujeres Urbanas y Populares Las Amapolas” – «Su inicio además de articularse, fue comprender cuáles son las formas de dominación y explotación a las qué están sometidas las mujeres desde las estructuras patriarcales y capitalistas que afecta de manera diferencial a las mujeres«. Además, «La reflexión gira en torno a analizar cuáles son las expresiones patriarcales al interior de la organización con el fin de propender escenarios para despatriarcalizar y avanzar hacia la transformación de prácticas que no son coherentes con el trabajo«.
Las Amapolas y sus proyecciones de trabajo
En las proyecciones de trabajo, la red tiene dos elementos en los que se desarrollará políticamente. El primero en la construcción de diagnóstico que evidencie las condiciones materiales a las que están expuestas las mujeres, con temas como el acceso a bienes de consumo colectivo (salud, vivienda y educación); además de analizar las condiciones de trabajo, como la brecha salarial en comparación con los hombres o trabajo informal expuesto mayoritariamente por las mujeres, también el trabajo de labores domésticas que no son remuneradas y que presenta con ello una doble explotación; por último dentro del diagnóstico, el análisis de las distintas violencias hacia las mujeres y cómo se comportan las rutas de atención o los mecanismo instalados por el Estado para darle respuesta a las violencias que son insuficientes frente a la realidad de las mujeres violentadas.
En segundo lugar, trabajan el tema de autocuidado y cuidado colectivo a partir de la construcción colectiva de protocolos y rutas de atención, con el fin de disminuir escenarios machistas y de violencia hacia las mujeres en los espacios organizativos y de esta manera fortalecer el cuidado individual o colectivo en compañeros y compañeras de la zonal de Bogotá. De igual manera se proyecta la conformación de rutas de atención para el trámite de las violencias a las que se enfrentan las mujeres populares en Bogotá y la Sabana y así de esta manera, caminar hacía la transformación de las condiciones de la clase popular en los barrios y veredas.
trochandosinfronteras.info/red-de-mujeres/
COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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3) CHILE: PANDEMIA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Durante los últimos días hemos asistido a una creciente preocupación por el potencial aumento de la violencia doméstica ante la necesidad de implementar medidas de distanciamiento social para reducir el contagio por el Covid-19. Entre ellas, la cuarentena, que implica el encierro en el espacio doméstico por tiempos que mujeres y niñas no experimentábamos de manera masiva por décadas, enciende las alertas en tanto se identifica el hogar como el lugar en que más se produce violencia contra nosotras. Sin embargo, estar en cuarentena y con toque de queda no sólo nos pone en mayor riesgo de violencia doméstica, sino que implica vivir una síntesis de la violencia estructural que el actual modelo capitalista, patriarcal y colonial ejerce sobre las mujeres.
En Chile, el rol subsidiario del Estado neoliberal, que deja incluso la satisfacción de las necesidades más básicas a los dueños del mercado, desató una profunda crisis sociopolítica, la que se ha manifestado durante los ya cinco meses de revuelta popular. Las desigualdades e injusticias del modelo, que se hicieron ineludibles desde el 18 de octubre de 2019, hoy se evidencian de forma extrema, siendo la crisis sanitaria una amenaza mayor para los sectores más explotados: quienes deben sobrevivir su vejez con pensiones de miseria, quienes subsisten con trabajos precarios e informales o quienes asumen las tareas de cuidado y reproducción de la vida a diario, entre otros. En todos estos casos se trata, nuevamente, en mayor medida de mujeres.
La crisis social que estalló en octubre y la crisis sanitaria que nos afecta actualmente han dejado claro que el problema no radica únicamente en la incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera ni en su desidia para establecer las medidas mínimas que nos permitan avanzar hacia una mayor equidad y justicia social, sino también en un amplio sector político-económico, parte y sustento del sistema imperante que produce y reproduce la desigualdad. Hoy, el modelo históricamente impuesto con sangre por quienes gobiernan ha mostrado descarnadamente los intereses que defiende, priorizando las ganancias de las empresas por sobre la salud de todas y todos.
Así, no resulta casual la negativa inicial a cerrar centros comerciales y grandes empresas; la implementación de cuarentenas parciales que exigen a trabajadores y trabajadoras seguir trasladándose y motivan al hacinamiento para el pago de cuentas o provisión de alimentos; la falta de control de precios sobre insumos médicos básicos; el silencio ante el reclamo de comunidades privadas de acceso al agua en tiempos donde la higiene es esencial; la desprotección a trabajadoras/es, quienes deben negociar individualmente su aislamiento con las grandes empresas, respaldadas además por la Dirección del Trabajo al permitir despidos masivos sin indemnización; la falta de alternativas para trabajadores/as informales, independientes y con contratos a honorarios, mientras se ofrecen subsidios y contrataciones a los grandes conglomerados; la falta de un plan de contingencia que pueda suplir la necesidad de cuidados de niñas, niños y niñas ante el necesario cierre de las escuelas; la ausencia de medidas económicas que permitan disminuir el endeudamiento o acceder a servicios básicos como agua, techo y alimentación. En suma, medidas tardías en que el Estado subsidia al empresariado y que incluso nos exponen aún más al contagio del Covid-19, y que nos demuestran, nuevamente, cómo el neoliberalismo se contrapone a los intereses de la gran mayoría de las personas.
Es más, ante estos cuestionamientos, que son parte de las demandas que explotaron el 18 de octubre, el gobierno de Piñera, tal como viene haciendo durante todos estos meses de revuelta social, declara Estado de Catástrofe e impone la militarización del territorio, ofreciendo más represión, sanciones y cárcel a quienes no acaten las escasas y tardías medidas propuestas por sus ministros.
Consecuentemente, ninguna de tales medidas considera, pese a que ya se venía advirtiendo por el movimiento feminista a raíz de la experiencia asiática y europea, el particular impacto que el confinamiento doméstico tiene en la vida de las mujeres. Los mayores niveles de violencia física y psicológica reportados en varios países trajeron consigo como única reacción del gobierno el incremento de la actividad del número telefónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el que continúa identificando el problema de la violencia contra las mujeres únicamente con la violencia intrafamiliar y, específicamente, la violencia íntima de pareja. Pero esta medida no sólo mantiene el estilo tecnócrata del ministerio, el que se ha denunciado por años a raíz de la precariedad laboral en que se encuentran sumidas sus trabajadoras y trabajadores, o los escasos recursos destinados a casas de acogida y planes educacionales efectivos, entre otros, sino que además demuestra el desconocimiento de otras formas de violencia que se ven incrementadas con la cuarentena.
nomasviolenciacontramujeres.cl / COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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4) MÉXICO: PERIODISTAS SON ATACADAS POR INVESTIGAR SOBRE ACTUAR DE AUTORIDADES DURANTE PANDEMIA
Durante la fase 1 y 2 de la epidemia de COVID-19 en México, se registraron 29 casos de violencia contra mujeres periodistas, 7 de ellos relacionados directamente con la cobertura de la crisis sanitaria.
El Programa de Libertad de Expresión y Género, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó que las periodistas han sido atacadas y estigmatizadas por indagar sobre el actuar de las autoridades de salud en la atención de la pandemia.
El análisis de CIMAC muestra que entre marzo y el 21 de abril, durante la fase 1 y de la 2 de la emergencia, los estados donde se registraron más ataques fueron la Ciudad de México con 10; Veracruz con 4; y Puebla y Oaxaca con 3 cada uno.
La responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, Adriana Ramírez Vanegas, explicó que de los 29 casos, en 14 se documentó violencia ejercida por servidores públicos: 7 de carácter municipal, 4 estatales y 3 federales.
La violencia contra las informadoras fue desde bloqueo informativo y despojo de material (en 14 casos) y agresiones físicas (11 casos) hasta amenazas e intimidación (8 casos), por ejemplo, servidores públicos las acusaron de alarmar a la población por informar sobre el COVID-19.
Entre los casos registrados está el feminicidio de Maria Elena Ferral Hernández, periodista del Diario Xalapa, en el estado de Veracruz, quien el 30 de marzo fue atacada a balazos cuando se dirigía a su auto. Ella falleció horas después a consecuencia de las heridas.
La también fundadora del portal digital de noticias “Veracruz Quinto Poder”, recibió amenazas por su trabajo de investigación y denuncia de actos de corrupción en el ámbito político en su estado.
De acuerdo con Ramírez Vanegas, durante la pandemia se ha desdibujado el deber del Estado de proteger a periodistas y la libertad de expresión y de garantizar el derecho a la población de estar informada.
Las personas encargadas de investigar e informar deben ser protegidas, señaló, porque son el puente entre el Estado y la sociedad y quienes en este momento de emergencia también se exponen, en su salud, al acudir a conferencias, protestas, hospitales o puntos de interés, pero además por indagar y enfrentar violencia de agentes estatales.
La investigadora enfatizó que si bien en el país históricamente la prensa ha sido atacada, en el caso de Maria Elena Ferral Hernández no hubo una actuación preventiva ni de atención del crimen.
Hoy, agregó, las periodistas siguen siendo amenazadas e intimidadas para dejar de realizar su cobertura o investigación periodística, aun cuando es importante contar con información durante la pandemia. Las informadoras, destacó, han sido víctimas de campañas de criminalización, que desligitiman su labor o que reproducen discursos discriminantes y misóginos.
Ramírez Vanegas también destacó el incremento de la desinformación y noticias falsas y señaló que si bien es necesario apelar a la responsabilidad de comunicadores, medios y empresas de internet para difundir información tendenciosa o falsa, éste no puede ser pretexto para atacar a quienes están difundiendo información veraz.
El Programa de Libertad de Expresión y Género llamó a garantizar el Derecho Humano a la información, proteger el trabajo que hacen las periodistas, comunicadoras y colaboradoras en medios de comunicación durante esa crisis sanitaria.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información a raíz de las medidas establecidas por los Estados de la región en el marco de la respuesta a la pandemia.
En este contexto, Adriana Ramírez recordó que las y los periodistas cumplen una función crucial en un momento de emergencia, la de informar a la ciudadanía y monitorear las acciones que emprende el gobierno.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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5) URUGUAY: LAS MUCHACHAS DE ABRIL
El martes 21 de abril, se cumplieron 46 años de los crímenes de “Las Muchachas de Abril”
El asesinato de las Muchachas de Abril, Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanic, es recordado como uno de los más crudos de la dictadura militar sucedido en el marco del Plan Condor. Se trata de tres luchadoras sociales y políticas que tenían entre 19 y 22 años cuando el terrorismo de Estado acabó con sus sueños de “un mundo mejor”.
Las asesinaron en la madrugada del 21 de abril de 1974 durante un operativo de fuerzas militares de la dictadura, armados a guerra. Las sorprenden mientras duermen, en la casa de Mariano Soler 3098 bis, de Brazo Oriental.
La Comisión Memoria Muchachas de Abril difundió parte del relato de los sucesos de aquella madrugada. “Buscando a un militante del MLN, Washington Barrios Fernández, un comando de las Fuerzas Conjuntas ingresa violentamente a un apartamento habitado por el padre, la madre, una hermana de 10 años y un hermano de 16 del joven requerido. El padre comunica la ausencia de su hijo, advierte que tampoco se encuentra en el apartamento donde vive con la esposa, Silvia Reyes. La madre informa a su vez que su nuera está embarazada. Los militares ingresan igualmente al apartamento con desmedida violencia ametrallando a las tres jóvenes. Más de 140 balas acabaron con sus vidas y la del bebé en camino”.
Se manejan dos versiones de este hecho: las familias y vecinos por un lado y, por otro lado, los militares y la prensa de la época quienes presentaron la ejecución como un enfrentamiento armado de ambas partes. Esta versión es negada por familiares y vecinos que fueron testigos de los hechos.
Actualmente el caso se encuentra parado y los culpables de este crimen atroz no han sido juzgados. Según la información difundida por la comisión, la primera denuncia presentada por los familiares de las víctimas fue el 20 de mayo de 1985, al finalizar la dictadura militar.
«En 1989, al comenzar a regir la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que inhabilita la investigación y acceso a la justicia, el expediente de “Las Muchachas de Abril”, entre tantos otros, se archiva. 20 años después de la primera denuncia, en el año 2005, los familiares de Diana, Laura y Silvia vuelven a los tribunales solicitando la reapertura del caso. La base jurídica y ética en que se apoyan es la determinación de derechos humanos imprescriptibles y no plebiscitables, enfrentándose nuevamente a la inoperancia del proceso judicial», relata el documento.
Ante esta situación, deciden recurrir al Derecho Internacional Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) y se presenta un pedido de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados alegan que a pesar de que el Estado, en los últimos años, impulsa la posibilidad de investigación, continúa
Incumpliendo los acuerdos con el Derecho Internacional ante los delitos de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de DDHH aprueba, en 2013, la petición de admisibilidad presentada por los abogados de los familiares y se estudia el fondo del asunto para pasarlo a la Corte Interamericana de DDHH, lo cual implica exigir el cumplimiento al acceso a la justicia penal.
Sin embargo, a nivel interno, el 22 de marzo de 2013, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de una nueva ley que permite a la Justicia juzgar los delitos y crímenes de la dictadura habilitando la prescripción de graves delitos de derechos humanos e impidiendo la posibilidad de sanción penal a los responsables.
A nivel internacional, el caso de Silvia, Laura y Diana ha sido ya elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A nivel nacional, la Fiscalía reabrió la investigación. En tanto, los abogados se plantean la ampliación de pruebas.
“Estas violaciones a los Derechos Humanos las realizó el propio Estado que es quien debe garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Por eso se llaman Crímenes de Lesa Humanidad y no prescriben en el Derecho Internacional”, explica el informe citado anteriormente.
El primero de marzo pasado, falleció Stella Reyes, hermana de Silvia, y madre de tres hijos quien el 21 de abril, una hora después del asesinato de su hermana, en otro violento operativo, en la calle Jacinto Vera, en el Buceo, Stella fue detenida junto a tres compañeros más, que salvan sus vidas huyendo por el fondo del terreno. Participaron de este operativo los mismos militares que venían del operativo de Brazo Oriental: “integrantes de OCOA, Artillería 1(La Paloma) y 2 (Trinidad).” Stella, víctima de
torturas y presa durante ocho años, fue una de las personas que con su testimonio y su accionar, mantuvo vivo el relato de lo ocurrido en la casa de Mariano Soler. Sus hijos, compañeras, y amigos, nos comprometemos a transmitir el desafío de memoria, verdad y justicia, de generación en generación.
Desde la comisión de Memoria informan que, debido a la emergencia sanitaria, este año el homenaje a “Las Muchachas de Abril” se realizará solo a través de los medios de comunicación.
Caras y Caretas / COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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6) URUGUAY: ENCUENTRO VIRTUAL CON YAYO HERRERO
Te invitamos a este encuentro virtual con Yayo Herrero, donde presentaremos los primeros resultados del estudio sobre el impacto social y ambiental del Tren de UPM en Montevideo que estamos realizando con el colectivo ecofeminista Dafnias en convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (FCS-UdelaR).
Nos sumamos a la Ronda de Encuentros «Desde el Sur: Repensar la democracia en tiempos de crisis y excepción», de FES Uruguay, para el evento “Extractivismos y su impacto en la sostenibilidad de la vida”.
Jueves 30 de abril
15 horas
Participación abierta con previa inscripción zoom.us/webinar/register/WN_HlwiNsTFR6aU5CGh4N3yIg
Se presentarán los estudios: Impacto del Tren de UPM en Montevideo (Dafnias y Cotidiano Mujer) e Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas (Casa Bertolt Brecht).
Yayo Herrero es ingeniera agrícola, antropóloga y ecofeminista. Fue coordinadora de Ecologistas en Acción y actualmente es directora general de la FUHEM, una fundación que trabaja en los ámbitos de la educación y del ecologismo con un enfoque social. También es profesora en la UNED y ha publicado libros colectivos como ‘La gran encrucijada‘ (Libros en Acción, 2016) y ‘Petróleo’ (Arcadia, 2018), donde reflexiona sobre la crisis civilizatoria actual.
En 2017 nos acompañó en las Jornadas de Debate Feminista en Montevideo, donde presentó el panel central «Propuesta Ecofeminista para un Mundo Sostenible».
Organiza: Dafnias, Cotidiano Mujer y Fundación Friedrich Ebert.
Apoya: Redes Amigos de la Tierra – Uruguay, Hemisferio Izquierdo, Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Instituto Cuesta Duarte, Casa Bertolt Brecht, La Diaria, M24, Media Red y Radio Pedal.
Enviado por Cotidiano Mujer / COMCOSUR MUJER Nº 638 – 27/04/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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